Durante la tramitación, el Ayuntamiento requirió documentación relativa a titularidad del suelo (certificados catastrales, escrituras o autorizaciones) pese a tratarse de situaciones de infravivienda. Se presentaron escritos recordando la normativa aplicable y las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo Andaluz en supuestos análogos.

Finalmente, el Ayuntamiento declaró el desistimiento de las diez solicitudes por no aportarse dicha documentación. Frente a estas resoluciones se han interpuesto recursos de reposición y se ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha confirmado la apertura de investigación.

En este municipio, la actuación se encuentra actualmente en fase de revisión administrativa y supervisión institucional.